El debate: Segob pretendería controlar la radio y televisión pública
La semana pasada, una columna de Irene Levy en El Universal explicó a detalle los cambios que plantea el grupo parlamentario de Morena en conjunto con el ejecutivo federal, para el futuro de la radio y televisión pública: control por parte de Segob y [en teoría] menos autonomía para la ejecución de su presupuesto y contenidos.
¿Cómo sería eso? Pensemos en los sistemas estatales de medios electrónicos, como el de Aguascalientes, donde los escaparates como estaciones FM y señales abiertas están al servicio de la administración en turno y básicamente son porristas de sus iniciativas, sin motivación alguna para ofrecer contenidos de calidad o sin una dirección que no esté sometida al gobernador(a).
Dice la columna de Levy:
La Secretaría de Gobernación será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional, sí, esto que parece salido de un cuento de terror es lo que aprobó la Cámara de Diputados esta misma semana y ahora queda en manos del Senado avalar o enmendar este enorme retroceso en materia de libertad de expresión y democracia. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) es el ordenamiento que organiza y distribuye las facultades entre las diferentes áreas del Poder Ejecutivo, incluyendo las secretarías de Estado.
Levy es titular de ObservaTel y profesora de la Ibero, y al igual que ella otros académicos ya se han manifestado sobre esta polémica iniciativa de Morena. Por ejemplo, el experto en medios de comunicación Gabriel Sosa apuntó lo siguiente en una columna para Sin Embargo:
La reforma, dicen también los firmantes, “genera un peligroso traslape de facultades entre Segob y el SPR (Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano), organismo que, de acuerdo con la Constitución Federal y la propia ley que la regula, es el facultado para proveer el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional”. De ahí la relevancia de corregir la minuta para evitar una mayor confusión sobre el destino del SPR y de otros medios públicos como el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Radio Educación, el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, Canal 22 y Once TV.
Las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados son radicalmente contrarias a las propuestas y demandas de académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de la libertad de expresión que han insistido, desde hace décadas, en la necesidad de que los medios públicos no sean medios oficiales. Si la instancia gubernamental diseñada para la política interior tuviera facultades para intervenir en el funcionamiento y operación de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la pluralidad estarían en riesgo.
Hace cinco años, en 2013, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y en 2014 la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establecieron garantías para que los medios de carácter público (es decir, los medios que se sostienen fundamentalmente con recursos fiscales) tuvieran independencia editorial, autonomía de gestión financiera, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, financiamiento diverso y pluralidad ideológica. Aquella reforma resultó insuficiente entre otros motivos porque la Secretaría de Gobernación mantuvo algunas facultades en materia de contenidos.
PARA LEER
El comunicado completo de la AMEDI, aquí.
POSDATA
Hoy se puede concretar en Senado el q los Medios Públicos (IMER, Radoeducacion, Canales 11 y 22 etc) vuelvan a esquema q instauró Lopez Portillo en 1977. En esa época su hermana, Margarita, fue nombrada Directora de Radio y TV de SEGOB. Y 40 años después..https://t.co/yx3vLRuUtT
— Javier Tejado (@JTejado) November 20, 2018
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