Las armas ilegales alemanas y Ayotzinapa

Con expectativas bajas empezó el proceso judicial contra seis antiguos empleados de la empresa alemana de armamento Heckler&Koch. Se trata de exportación ilegal de armas a México. Personas involucradas y cercanas al proceso señalan que existe una red de complicidades en las instituciones estatales alemanas. En México las armas fueron usadas para cometer violaciones a los derechos humanos, tal como ocurrió durante la Noche de Iguala, que después fue conocida mundialmente como el caso de Ayotzinapa.

Por Timo Dorsch para Tercera Vía

Las armas

Sin que haya una decisión final de la corte aún, el proceso por el supuesto tráfico ilegal de armas a México ya es un escándalo. En la bancada de los acusados se encuentran seis antiguos empleados de la famosa empresa alemana de armamento Heckler&Koch. Tema del juicio es la exportación ilegal de rifles de asalto del tipo G36, que la empresa envió a cuatro Estados mexicanos sin que contara con un permiso legal para exportar. Lo que queda para aclarar es quiénes de Heckler&Koch fueron los responsables de este negocio – la misma pregunta que habría que hacer acerca la responsabilidad de los funcionarios alemanes, si tan solo fuesen acusados.

El proceso por el supuesto tráfico ilegal de armas a México ya es un escándalo

La primera sesión tuvo lugar el 15 de mayo en la ciudad de Stuttgart; un total de 25 sesiones están previstas por el juez. Las investigaciones salieron a la luz gracias a Jürgen Grässlin, activista por la paz y portavoz de la organización anti-bélica Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK). Grässlin presentó una denuncia incluso en 2010.

Un año antes se le había acercado un informante, quien hizo varias declaraciones en contra de su anterior patrón laboral junto con la entrega de informaciones internas comprometedoras: “Los documentos son altamente explosivos. Señalan, entre otras cosas, el entrenamiento de policías con los rifles de H&K, con los cuales se cometen delitos graves”, explica Jürgen Grässlin en entrevista con Tercera Vía.

Chihuahua y Guerrero, junto con Chiapas y Jalisco, son las cuatro entidades a donde nunca debieron haber llegado los productos letales alemanes. La empresa Heckler&Koch simplemente no contaba con un permiso de exportación. En concreto el juicio gira en torno a los armas enviados a dos de los cuatro Estados. En su conjunto abarcan el 49,7% del total de las armas exportadas a México durante los años 2006 y 2009, o sea 4.736 de 9.652 rifles G36. El G36 no es cualquier arma: según informa el fabricante en su página de web, el producto “aún marca las pautas en la categoría de los fusiles de asalto” a nivel internacional y tiene una frecuencia de disparar 750 balas cada minuto.

Las irregularidades del juicio

Después del primer día del proceso, Grässlin se muestra consternado. Lamenta la actitud defensiva de la fiscalía alemana y sospecha que la Corte hará caso a la versión de los acusados que se declararon inocentes: “Puede ser que al final no haya pena de cárcel, sino solamente condenas condicionales. Si eso pasa, sería un escándalo sin precedentes en la historia alemana de las exportaciones de armamento.”

En total, según la acusación, se trata de 16 delitos que cuatro de los seis acusados habrían cometido contra dos leyes federales regulando la exportación de armamento y el comercio exterior (la “Kriegswaffenkontrollgesetz” y la “Außenwirtschaftsgesetz”).

A las audiencias acudieron cinco de los seis ex empleados de la empresa. El sexto, Markus Bantle, de nacionalidad mexicana y que vive en México, hizo saber que por una enfermedad no se encuentra en condición de tomar el avión desde México. Por ello, la Corte decidió separar su proceso del resto para poder seguir adelante. Además, mandó a investigar si Bantle realmente padece una enfermedad que le impide viajar.

Bantle jugó un papel central en los negocios de armamento mediante su papel como gerente de la empresa LAMAR, siendo la representación de H&K en México. El juez se mostró visiblemente molesto el primer día del juicio por la ausencia de Markus Bantle. Para forzar su presencia, la corte emitió una orden internacional de arresto. Pero no sirve mucho, dice Jürgen Grässlin. México no extradita, asegura. Eso significaría que Markus Bantle ni siquiera tendría que enfrentarse a un juicio.

Después de haber levantado la primera denuncia, no cesaron los esfuerzos. Una segunda denuncia, hecha por Holger Rothbauer en 2012 y quien también es el abogado de Grässlin, se dirige hacia funcionarios del Ministerio Federal de Economía (BWI) y la agencia encargada de exportaciones el Bundesausfuhramt (BAFA). Los funcionarios mencionados han sido involucrados en la exportación de las armas. Sin embargo, la denuncia nunca se volvió acusación. El entonces fiscal responsable en Stuttgart, Peter Vobiller, sí abrió una línea de investigación, pero pronto le dio un carpetazo. Con ello empezó el periodo de prescripción que dura cinco años y que ahora protege a los denunciados ante una posible acusación.

La defensa de H&K se va a enfocar en que los principales actores responsables del negocio de armas fueron las agencias federales
Debido al cierre del periodo de prescripción provocado por el fiscal Völler, antes del inicio del proceso en mayo Grässlin temía que la estrategia de defensa de H&K se enfocaría en que los principales actores responsables del negocio de armas fueron las agencias federales. Así podrían decir que “los representantes de las instituciones tuvieran exclusivamente la culpa”, comenta él. Su sospecha anticipó lo que a partir del primer día del juicio se demostró claramente: los cinco acusados presentes negaron cualquier responsabilidad. Más bien los culpables verdaderos son otros: “quizá nosotros también, en el movimiento por la paz”, dice Grässlin lacónicamente.

Meses después, a finales de julio, Jürgen Grässlin sigue lamentando que sus esfuerzos por la vía legal hayan provocado que la lucha por la justicia también se convertiera en “una lucha en contra de la fiscalía alemana, dado que aquí tenemos una fiscalía que en parte beneficia a la industria.” La estrategia de la defensa estaba siendo exitosa. Se basa en demostrar que sus clientes no sabían a dónde iban a ser enviadas las armas. Por ende, serían inocentes. Todos están culpando a los ausentes: a los funcionarios públicos que ya no pueden ser acusados y a Markus Bantle, quien no será extraditado – a pesar de que él “sufriera la pena máxima de todos”, comenta Grässlin.

Lo curioso de los contratos de negocio

Esta estrategia podría cambiar debido al contenido de los contratos de negocio entre la empresa alemana de armamento y la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Holger Rothbauer y el programa “Report Mainz” de la televisión pública tienen acceso a los contratos. En varias ocasiones nombran claramente el destinatario de los productos letales. Así, el contrato con la ficha No. 039/2006 enlista 700 fusiles a un precio de 956 USD cada uno, de los cuales 370 eran previstos para el gobierno del Estado de Guerrero“ y 330 fusiles para venta futura a peticionarios.” Otro contrato, con la ficha No. 073/2006 revela que 300 fusiles fueron comprados para venta al gobierno del Estado de Chiapas.

Los detalles que  salieron a la luz afirmaron las sospechas de las organizaciones anti-bélicas que aluden desde hace mucho tiempo a que el mecanismo de control estatal no funciona – una declaración sobre el uso final de un producto firmada por el país comprador comprometiéndose a obedecer las leyes y normas del país vendedor; por ejemplo, no usar las armas en una región para la cual no existe un permiso. Eso fue el caso para las cuatro entidades: Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero. Y hacía tres de los cuatro estados H&K quiso exportar.

Las armas fueron exportadas a cuatro estados de México

Uno de los principales acusados, Peter Beyerle, un ex gerente de la empresa, confesó en el segundo día del juicio que funcionarios alemanes encargados para la regulación de armamento habían recomendado a la empresa quitar algunos Estados mexicanos de sus documentos para obtener el permiso estatal. En el sexto día del proceso, un testigo del Auswärtiges Amt, el Ministerio de las Relaciones Exteriores, hizo saber que había exigido antes sus colegas del BWI, encargados de emitir los permisos, de que no deberían pasar informaciones internas a la empresa Heckler&Koch. Sin embargo, justo eso ocurrió. El acusado Peter Beyerle anotó en sus documentos que había sido avisado por un empleado del BWI de revisar los documentos para México – y ajustar detalles para facilitar el otorgamiento del permiso estatal-. 

Después de tal información, Markus Bantle pidió los contrapartes mexicanos quitar dichos Estados de la declaración de uso final. Se le hizo caso, lo que posibilitó que la empresa alemana consiguiera el permiso estatal para exportar. Mientras, la cantidad de los rifles de asalto seguía siendo la misma.

Bantle lo confesó en una entrevista con el reportero Thomas Reutter de Report Mainz hace tres años. Junto con Daniel Harrich, ambos llevan años cubriendo este tema – su documental “Tödliche Exporte” / “Exportaciones letales” de hecho fue premiado en Alemania.

El escándalo más reciente gira en torno del dato de que los tres Estados solicitados aún permanecían en los contratos. “Ni siquiera han intentado cambiar los contratos. Eso demuestra, que a H&K no le importó”, comenta Reutter a Tercera Vía. Y agrega que representantes de DCAM le han explicado hace un par de años que no estaban enterados de una solicitud por parte del Gobierno Federal alemán de cambiar los contratos.

En la mira de la atención política se encuentra ahora aquella declaración sobre el uso final. Pues, incluso con aquella declaración firmada por parte del Estado comprador, el Estado vendedor no posee ningún otro mecanismo para controlar si su socio realmente está cumpliendo. Es un compromiso burocrático que solamente existe en papel. Este punto crítico de control de armamento también afirmó el testigo del Ministerio Federal de Economía (BWI) en el séptimo día del proceso: “Una vez que han cruzado la frontera alemana, nuestras posibilidades de actuar son sumamente limitadas, casi inexistentes.”

Aliados mexicanos y el caso Ayotzinapa

Casi al mismo tiempo que Grässlin hizo su denuncia en 2010, varias investigaciones periodísticas de medios alemanes descubrieron la presencia y el uso ilegal del rifle G36 en México. En 2010 Report Mainz grabó a policías estatales de Chihuahua portando el arma. Un año después, el reportero Wolf-Dieter Vogel expuso la sospecha que los dos estudiantes de la normal rural en Ayotzinapa asesinados a finales de 2011 a manos de policías ministeriales de Guerrero fueron baleados con el G36. Luego salieron más reportes. La Marina, por ejemplo, decomisó cinco rifles G36 en Guerrero en abril 2010.

Un reportero expuso la sospecha de que los dos estudiantes de la normal rural en Ayotzinapa asesinados a finales de 2011 a manos de policías ministeriales de Guerrero, fueron baleados con el G36

Algunos de los G36 fueron implementados durante la llamada Noche de Iguala en septiembre 2014. De aquellos policías que luego fueron acusadas de homicidio, seis tuvieron acceso a estos rifles, como investigó el corresponsal alemán Wolf-Dieter Vogel para el diario taz. Dado que los peritos encontraron residuos de disparo, se concluyó que las armas alemanas fueron usadas.

Hubo reuniones con dependencias estatales de seguridad. Todos estaban interesados en el rifle G36.
Para los negocios entre 2006 y 2009, el contraparte de Heckler&Kocher en México fue la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM). A través de dos solicitudes de acceso a la información ante el IFAI (número 0000700013811 & 0000700019311), realizadas por el grupo México vía Berlín en 2011, se supo que el entonces General de División Humberto Aguilar recibió a los ejecutivos de venta de la empresa alemana. A la reuniones, que datan doce años atrás, asistieron representantes de las Secretarías de Seguridad Pública Estatales de 27 de las 32 entidades federativas. Todos estaban interesados en el rifle G36. Los documentos que Jürgen Grässlin entregó a la fiscalía de Stuttgart informan que la empresa alemana habría ofrecido al General Aguilar 25 Dólares por cada pieza enviada a los cuatro Estados prohibidos. La persona, quien supuestamente entregó los sobornos, era Markus Bantle. Mientras, medios nacionales informaron a mediados de mayo que la SEDENA no tiene previsto ningún proceso administrativo o penal contra el General que en los años 90 había sido mandado a Chiapas para reprimir al movimiento zapatista.

Antes que comenzara el juicio el 15 de mayo, se realizó un acto de protesta en frente de la corte. Los presentes llevaban fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos. Carola Hausotter de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México leyó una carta enviada por las madres y los padres de los estudiantes. Los familiares hacen constar que el crimen contra sus hijos no está resuelto aún porque entre otras cosas tampoco “se ha investigado cómo [las armas] llegaron ahí o porqué [la policía] las tenían.” Dirigiéndose al poder judicial alemán exigieron: “Demuéstrenle al gobierno de México que la justicia si se puede ofrecer a aquellas personas que no tenemos poder, dinero o entendemos la letra. Demuéstrenle que en Alemania sí saben que la justicia debe servir a las personas más desprotegidas, a diferencia que en México.” Ante Tercera Vía Hausotter comenta: “es importante señalar cuáles son las consecuencias de los negocios de armas” y que acciones como la realizada ayudan a visibilizarlo.

El modelo alemán de los negocios  

La empresa, en el sur de Alemania, está manteniendo relaciones con México desde hace varias décadas. Cuando entre los años sesentas y ochentas el Gobierno Federal alemán repartió licencias para copiar el rifle G3 – predecesor del G36 – entre una docena de países, en la lista de los beneficiarios también se encontraba México. En junio 1979 se realizaron las firmas necesarias y la empresa estatal Fábrica Nacional de Cartuchos y Municiones empezó con la producción. Más de 179.000 piezas han sido fabricadas hasta hoy en día.

H&K está manteniendo relaciones con México desde hace varias décadas

Cabe mencionar, que tales convenios económicos forman un pilar esencial de las relaciones políticas exteriores. Embajadas alemanas cuentan con agregados militares, antiguos soldados del ejército. Jan van Aken es experto en temas de armamento y como miembro del anterior Parlamento Federal fue portavoz de los asuntos exteriores del partido Die Linke. En entrevista con Tercera Vía explica: “Los agregados militares también están encargados de contribuir a las exportaciones de armas. Dentro de Alemania pasa lo mismo. Existen organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales forman parte varios miembros parlamentarios, representantes de empresas de armamento y del Ministerio de Defensa. Todos son buenos amigos.”

Otra manera de construir lazos productivos entre los actores principales, son las supuestas donaciones. Estos flujos financieros son algo muy común en Alemania y Heckler&Koch no fue la excepción ahí. No obstante, ya atrás en 2011 la empresa estaba en el foco de la atención mediática y política. Desde 2002 a 2010 había donado anualmente una cantidad de 10.000 Euros a los partidos políticos Unión Demócrata Cristíana (CDU) y al Partido Liberal Democrático (FDP). El municipio de Rottweiler, donde la empresa tiene su sede, además es idéntico con el distrito electoral de Volker Kauder, presidente de la bancada CDU/CSU en el Parlamento Federal hasta hace dos semanas. Pero fue precisamente por el flujo monetario que la fiscalía inició sus investigaciones por supuesto tráfico encubierto de influencias. La ley sobre partidos políticos dicta que los partidos tienen que declarar donaciones mayores a 10.000 Euros. Dado que las cantidades de Heckler&Koch siempre eran menores pero fueron realizadas durante varios años seguidos, la ley lo califica como el intento de encubrir la procedencia del dinero.

Al final no son solamente los lazos entre la política pública y la economía privada que caracterizan este contexto peculiar, sino adicionalmente también la relación entre la empresa y el poder jurídico del Estado: cuando el antiguo presidente de la fiscalía estatal en Stuttgart Peter Beyerle se retiró en 2005, poco después se integró al área jurídico de H&K. Luego, se hizo parte de de la gerencia de la empresa. Él es uno de los seis acusados en el juicio.

Aunque el Gobierno alemán a partir de 2011 no volvió a dar a la empresa Heckler&Koch un permiso para exportar armas a México, todavía se encuentran miles de armas en el país. Sea legal o sea ilegalmente. Tomada por si sola, la decisión fue correcta. Pero vista desde un ángulo más amplio surgen dudas y preguntas, como las de Jan van Aken quien aclara: “O el Gobierno Federal cree que Heckler&Koch sí engañó y entonces la decisión debió haber sido que ya no pueden enviar nada a donde sea. O cree que México engañó y entonces ya no debió haber recibido ningún arma desde Alemania.” En vez de eso, a México siguen llegando armas – salvo las de H&K – y H&K sigue exportando armas – salvo a México. Mientras tanto, las violaciones a los derechos humanos prosiguen. También en México, también con armas de H&K.

Una visita de Ayotzinapa en Alemania

Si bien ninguna víctima mexicana de las violaciones a los derechos humanos será escuchada como testigo para el proceso, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México junto con la organización CentroProDH lograron organizar una visita del hermano de Aldo Gutiérrez, uno de los normalistas de Ayotzinapa que desde entonces está en coma. Leonel Gutiérrez Solano fue acompañado por Sofía de Robina Castro, abogada de este organismo de derechos humanos. Juntos acudieron a uno de los días del proceso – que se realizó justo el 26 de septiembre 2018, cuatro años después de la tragedia.

Con una mirada seria pasaron la puerta a la sala aquella mañana. Tomaron asiento silenciosamente. Leonel sacó dos grandes fotografías y las colgó sobre las sillas. Muestran a su hermano, acostado en la cama en un hospital de la Ciudad de México, en la primera, y como un joven simpático en la segunda. De repente, ocho judiciales entran a la sala. Están aterrados. En tono agresivo demandan quitar las fotografías.

Ocho judiciales entran a la sala. Están aterrados. En tono agresivo demandan quitar las fotografías.

“Estamos aquí para presionar al gobierno mexicano y al gobierno alemán, para que finalmente se aclare lo ocurrido”, comenta Gutiérrez a Tercera Vía. Al mismo tiempo lamenta que la corte alemana no haya permitido escuchar a los testimonios desde México; testimonios sobre un crimen hecho posible gracias al uso de armas alemanas ilegales.

Acerca de los contratos de negocio y la falta de claridad con respecto al destino final de las armas, Robina Castro concluye: “Nunca existió la posibilidad de garantizar el control del destino final de las armas.” Un mecanismo de control, que al final, sólo existe en el papel.

El juicio actual, termine como termine, no cambiará el modus operandi de la exportación de armamento, dado que la razón del proceso no es la venta de armas como tal o las violaciones de derechos humanos ejecutadas gracias a ellas, sino irregularidades burocráticas durante el procedimiento de la venta. Sin embargo, el proceso sí tiene algo positivo: finalmente la sociedad civil alemana está descubriendo, poco a poco, cuáles son los lazos secretos entre las empresas privadas de armamento y las instituciones públicas para la regulación y supervisión de los negocios bélicos. El último día del proceso, hasta ahora, es previsto para el 25 de octubre.

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