Decenas de hectáreas de tierras comunales compradas por grandes empresarios mexicanos

Personalidades de la vida pública mexicana tienen algunas propiedades en la zona boscosa del municipio de Lerma, en el estado de México. Se trata de grandes extensiones que son usadas como ranchos ocasionales, una cancha de fútbol privada para que algunos equipos hagan entrenamientos o bien para fiestas y reuniones de políticos.

Tal es el caso del empresario Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, Emilio Azcárraga, director de la empresa Televisa o de Vicente Fernández, hijo menor del cantante homónimo.

Lo que los habitantes de la comunidad afectada de Salazar denuncian es que estos terrenos fueron vendidos de manera ilegal aprovechando que se trata de tierras en disputa con el municipio de San Mateo Atarasquillo y que según un resolución del tribunal agrario correspondiente, estas tierras –muchas de ellas ahora vendidas– les pertenecen y son de uso comunal.


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En México, la reforma al artículo 27 de la Constitución, en 1992, abrió las puertas a la compra y venta de tierras que eran consideradas como comunales, es decir, de uso común y que por tanto no podían ni venderse ni rentarse a particulares sino sólo podían usarse por habitantes de las comunidades rurales que las habitaban.

En la actualidad, buena parte de las tierras comunales ya han cambiado de régimen y se han vuelto ejidos (una forma de propiedad de la tierra) que pueden ser fragmentados para su venta. El caso de Salazar no es el único en el país pero su particularidad reside en que sus habitantes, además de luchar por la restitución legal y legítima de 217 hectáreas también se enfrentan a grandes empresarios y al poder judicial, pues ya hay 8 personas presas.

Presos injustamente

Desde agosto de 2017, momento en que se dieron las detenciones, la comunidad de Salazar se ha movilizado utilizando la vía jurídica y la presión mediática para ser escuchados y conseguir la liberación de los 8 ejidatarios que desde entonces se encuentran recluidos en el penal de mediana seguridad de Santiaguito, municipio de Almoloya, Estado de México.

Pocos días después de que el tribunal agrario emitiera un fallo a favor del reconocimiento comunal de las tierras en disputa, el 31 de agosto de 2017, un convoy de 1,500 policías de diversas corporaciones estatales y federales, irrumpieron en casas de habitantes de la comunidad, detuvieron a 8 personas sin explicar la razón.

Estas personas, según testigos, fueron amenazados con armas de fuego, sus hogares fueron allanados y se les golpeó sin que alguna autoridad se presentara o antepusiera alguna orden emitida por un juez, como una orden de aprehensión o de cateo.

Beatriz Pérez Flores, Daneyra Kikey Becerril Villavicencio, Cutberto Vilchos García, Miguel Ángel Vilchis García, Fermín Esquivel Rojas, Francisco Miguel Ceballos Vargas y Miguel Ángel Vilchis Zarza, son los nombres de los afectados, están acusados de privación ilegal de la libertad, del robo de un teléfono celular y de lesiones.

Esther Goujon, abogada de la comunidad de Salazar, expresa que «no hubo tal privación ilegal de la libertad, el certificado médico resultante dice que no había tales lesiones, el mencionado celular no aparece ni su factura, es decir, no hay forma de comprobar los delitos de los que se les acusa. Se están presentando más pruebas y se promovió un juicio de amparo».

El despojo de tierras

Salazar aparece en documentos tan antiguos como un mapa de la región datado en 1791, y según palabras de un comunero, «la comunidad tiene la posesión común de tierras desde 1880». Antes de este conflicto se le reconocían legalmente 217 hectáreas y sin embargo, a raíz de la disputa con Atarasquillo, el tribunal agrario intentó reconocer únicamente 25 hectáreas.

Fue a través de un juicio de amparo directo que el resultado fue positivo para la comunidad, se dictó una sentencia en el tribunal agrario y se valoraron nuevamente las pruebas presentadas desde 2014, año en que comienza el conflicto jurídico.

«Es San Mateo Atarasquillo la que vendió las tierras que no le pertenecen» señala la abogada y fue el 19 de agosto de 2017 el día en que el tribunal agrario dio su sentencia para que se efectúe la restitución pacífica e histórica del pueblo de Salazar y que no procede la restitución del demandante.

A pesar de eso se detienen a los pobladores, debido a que «los empresarios estaban interesados en apoderarse de los terrenos y finalmente como vieron que perdieron en la materia legal entonces ya quisieron actuar de manera ilegal pero apoyados por el Estado» aclaró Goujon.

«Desde diciembre tuvimos golpeadores y maquinaria pesada y la policía no nos ayudó. Es hasta ahora y por la presión mediática que la policía estatal nos ha dicho que podemos llamarles» comenta Saúl Ceballos, comunero que tiene derechos agrarios en las tierras en disputa.

«Vienen personas a tomar –continúa el comunero–, a emborracharse, traen armas punzocortantes y de fuego. Han causado muchos daños a la ecología»

Siguientes pasos

«Nos regiremos por los documentos legales que tenemos –señaló Claudia Vilchis, comunera–, seguiremos insistiendo, confiando en que debe haber alguna institución que siga de manera legal el juicio agrario 445 que estamos llevando, entonces las acciones las encaminaremos hacia lo legal».

La comunidad ha hecho un llamado al nuevo gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, para que se haga justicia en materia agraria
La tarea no es sencilla, la comunidad está llevando una doble lucha y esto resulta en muchas ocasiones desgastante, sobre todo si la apelación a las autoridades no ha tenido efecto. La comunidad ha hecho un llamado al nuevo gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, para que se haga justicia en materia agraria y se liberen a las personas detenidas.

Varias comunidades de la región se han solidarizado con la lucha de Salazar, entre ellas «Huixquilucan, Atlapulco, Tultepec, Jalatlaco, Xochicuautla, Ocoyoacac y Acasulco», refiere Vilchis, por lo que esperan que en un futuro cercano haya buenos resultados.

«Nosotros nos declaramos defensores de la tierra, defensores de los bosques y defensores de los derechos humanos y queremos que se nos respete y haga justicia en liberar a nuestros presos en dejarnos de estar hostigando, en dejar de estar arrebatando nuestras tierras», finaliza Alma Vilchis, quien tiene a su hijo y esposo detenidos.

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