¿Te acuerdas de Tlatlaya? La PGR tendrá que reabrir el caso por no hacer bien su trabajo

El 30 de junio de 2014, se registró otro capítulo violento y lleno de impunidad en México. Inicialmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que durante un reconocimiento en Tlatlaya, Estado de México, había repelido la agresión de un grupo de civiles, que terminaron siendo abatidos por el ejército.

Sin embargo, días después, el testimonio de una mujer publicado en la revista Esquire México y la agencia The Associated Press,  pondría en duda esta versión. Clara Gómez González, quien inicialmente protegió su identidad y era conocida como “Julia”, presencio lo que describe como la ejecución de 22 personas, entre las que se encontraba su hija, en una bodega a manos del ejército.

En ese entonces fueron reveladas pruebas que evidenciaban la manipulación del lugar de los hechos.

Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como la Procuraduría General de la República (PGR) llevaron a cabo investigaciones que coincidieron en reconocer que había habido intervención de la escena del crimen. Cadáveres fueron movidos y armas fueron colocados en los cuerpos, por lo que tres militares fueron acusados por la Procuraduría por alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

Pero los resultados de las investigaciones no coincidían en todo, mientras la PGR aseguró que las personas ejecutadas por los militares fueron 8, la CNDH afirmaba que fueron 15. El número de militares que entraron a la bodega también contrasta, la Procuraduría dijo que eran tres y la Comisión que ocho. Estos datos, más la duración del enfrentamiento, el inicio de este y la narración de los hechos diferían. En el informe inicial de la Sedena se informó que durante la operación fueron liberadas tres mujeres, quienes presuntamente estaban secuestradas; dos de esas tres mujeres, actualmente están encarceladas por tráfico y posesión de armas. La PGR concluyó que las mujeres no fueron víctimas, sino que pertenecían al grupo de criminales reunidos en la bodega. Mientras que la CNDH asegura que eran sexoservidoras, sin responsabilidad alguna.

Las omisiones de la Procuraduría en la investigación provocaron que de los siete efectivos consignados solo tres fueran procesados, los cuales quedaron en libertad cuando la PGR fue incapaz de demostrar su responsabilidad. Por lo que Gómez Gonzalez promovió un recurso para que la PGR llevara a cabo una investigación exhaustiva de los hechos.

Este 15 de agosto el juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió ese recurso legal a la madre de la menor de edad. Por lo anterior, la PGR está obligada a dejar de ser omisa en las investigaciones sobre la ejecución sumaria de civiles perpetrada hace tres años por efectivos del Ejército en Tlatlaya. El fallo fijó un plazo de 30 días para que la PGR presente ante el juzgado un calendario de actuaciones y cumplimiento que ayuden a esclarecer los hechos.

Con información de: Aristegui Noticias, Esquiere México y Proceso.


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