Esta batalla no es de Anaya: es de todos

El martes de la semana pasada, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, denunció que había recibido amenazas y anticipó que se filtrarían en medios de comunicación construcciones de hechos que lo implicarían a él y a su familia en escándalos de corrupción. ¿La razón? Haber aprobado, en la Comisión Permanente de su partido, el rechazo al nombramiento de Raúl Cervantes como Fiscal General de la Nación por los próximos 9 años.

El asunto no es menor: Cervantes ha sido abogado defensor del actual presidente de la República, asesor jurídico de su campaña y es senador en activo (con licencia) del Partido Revolucionario Institucional. Frente a esos hechos, no hay capacidad académica ni técnica que pueda asegurar su imparcialidad en la tarea de procuración y administración de la justicia.

En un país democrático, la denuncia de Anaya hubiera alertado a los medios de comunicación, a organizaciones de la sociedad civil y a los partidos de la oposición. Máxime cuando estamos frente a un gobierno que ha sido denunciado por espiar y perseguir activistas, periodistas y líderes políticos que han exhibido actos de corrupción del presidente y de su equipo.

Pese a ello, Ricardo Anaya ha tenido que enfrentar las filtraciones (que, como anticipó, se dieron sin ningún rigor periodístico, no sólo sin el respaldo de actores de la sociedad civil y de la oposición, sino incluso con ataques provenientes de su propio partido. Por eso me parece importante lanzar un llamado a la sensatez: lo que está en juego es una regresión autoritaria.

Una de las limitadas conquistas de nuestra transición política ha sido el terreno ganado en términos de libertad de expresión en la arena pública. Nunca como hoy tantos funcionarios de alto rango en todos los niveles de gobierno y de todos los poderes del Estado habían sido exhibidos y criticados por sus actos de corrupción.

Aunque la impunidad siga siendo la lógica en la que opera nuestro sistema de justicia, la sociedad ha obtenido triunfos simbólicos e históricos contundentes: la actual generación de mexicanos estará acompañada, en su memoria colectiva, por la imagen de gobernadores siendo capturados y encarcelados por haber desviado recursos públicos. Y eso no es un hecho menor.

Sin embargo, ese despertar ciudadano en el combate a la corrupción no solo no ha sido bienvenido por el actual régimen político, sino que ha enfrentado resistencias a todos los niveles: periodistas, académicos y activistas han sido públicamente amenazados por el propio presidente de la República.

La embestida que hoy padece Ricardo Anaya ya la han sufrido personajes como Marcelo Ebrard, y en casos que han tenido consecuencias mucho más graves, el propio Dante Delgado. Lo que estamos presenciando no es una confrontación de Anaya con el gobierno federal y sus aliados políticos, sino un asunto mucho más grave: si prospera la idea de una Fiscalía sometida a la lógica política de intercambio de favores, el día de mañana podremos ser tratados con la misma injusticia a todos los que hemos criticado la red de corrupción e impunidad que gobierna este país.

En esta batalla Ricardo Anaya no está solo. Vamos a ir juntos por una fiscalía que sirva y un México que deje de estar atado a su pasado y construya un régimen que haga posible un mejor destino.

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