En México es difícil buscar justicia, pero más difícil es encontrar la verdad

El 24 de agosto de 2010, la Marina mexicana dio a conocer un hallazgo estremecedor: los cuerpos de 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres), la mayoría centroamericanos, fueron encontrados en el rancho de “El Huizachal” en San Fernando, Tamaulipas.

La hipótesis más repetida del crimen apunta a que los “zetas” secuestraron a los migrantes, quienes ante la imposibilidad de pagar un rescate les fue ofrecida una “alternativa”: unirse al grupo delictivo. Ante la negativa, los sicarios les habrían disparado. Pero la hipótesis no es una versión definitiva y no basta para esclarecer los hechos, ni las causas que motivaron la masacre.

En las líneas de investigación no se ha considerado la probable participación u omisión de agentes estatales, es decir, su responsabilidad ante el crimen.

Las autoridades habían sido ya alertadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de que la ruta migratoria tamaulipeca era un foco rojo por el secuestro de migrantes, aseguró Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) en un conversatorio en el Museo de la Memoria y Tolerancia llevado a cabo este 23 de agosto para honrar la memoria de los migrantes, pero también para exigir a las autoridades verdad y justicia.

Los 72 no fueron el único caso, solo fue la primera de las tres grandes masacres en el noreste de México que hasta ahora se conocen; las otras dos fueron igual de brutales. Un año después de la matanza de los 72 migrantes se descubrieron 43 restos en una fosa clandestina, también en San Fernando. La búsqueda continuó en todo el municipio; 47 fosas más con 193 restos de personas fueron encontradas. El terror no había terminado, en mayo de 2012 se encontraron 49 torsos en una carretera en Cadereyta, Nuevo León.

El porqué de los crímenes no se ha respondido.Las familias aún no saben lo que realmente pasó aquellos días, la Procuraduría General de la República (PGR) les ha negado el acceso a los expedientes de las investigaciones.

A siete años de los 72 aún quedan diez cuerpos sin identificar, algunos familiares recibieron bolsas de cal dentro de un ataúd en lugar de sus hijos, padres o hermanas. En otros casos fueron bolsas con sangre y restos irreconocibles que fueron entregados sin ninguna prueba científica que corroborara su identidad. ¿Qué certeza quedaba para las demás familias de que los ataúdes enterrados eran sus migrantes?. La Fundación acompaña los casos de ocho familias que piden la revisión de los restos que les fueron entregados.

En 2013 ante la presión de organismos internacionales fue creada la Comisión Forense, una unidad de investigación integrada por peritos de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyo propósito era identificar los restos de las tres masacres. Los dictámenes realizados por esta unidad han dado certeza a las familias. La comisión también se encargó de rescatar los restos de los 72 que aún no han sido identificados y habían sido depositados en fosas comunes, actualmente se encuentran en el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México en espera de una identidad.

El conversatorio de este miércoles fue uno de los eventos que se llevarán a cabo a nivel transnacional durante siete días. Este jueves algunos familiares y sociedad civil se darán cita a las afueras de la PGR para exigir verdad, justicia y reparación del caso.

Durante el conversatorio Glenda García, guatemalteca, hermana e hija de tres de las víctimas citó una canción antes de relatar su historia “Solo le pido a Dios que el dolor no le sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte”, ante el auditorio estremecido la directora retomó la conversación recordando que en México buscar la justicia es difícil, pero encontrar la verdad lo es aún más.

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