¿Qué ha pasado con #GobiernoEspia en los últimos 10 días?

El pasado 19 de junio se dio a conocer que diversas figuras del periodismo y los derechos humanos fueron blancos de espionaje a través de Pegasus, un Software desarrollado por la empresa israelí NSO Group  que, en teoría, solo se vende a gobiernos como herramienta contra el crimen organizado y la seguridad nacional.

En un informe elaborado por R3D, ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica, SocialTIC y  Citizen Lab de la Universidad de Toronto en Canadá, se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría de la República Mexicana (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) han gastado cerca de 80 millones de dólares en estos programas de espionaje.

Desde entonces y hasta ahora han sido publicadas más pruebas, el gobierno ha emitido una postura y las organizaciones han respondido a ella. Esto es lo que ha pasado en los últimos días.

    1. El gobierno mexicano negó a través de un comunicado el espionaje. “No hay prueba alguna de que agencias de gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje, puede leerse en el texto. A su vez exhortó a las presuntas víctimas a denunciar los hechos ante la Procuraduría General de la República, para que ésta realice las investigaciones correspondientes. Cabe mencionar que las denuncias correspondientes ya habían sido presentadas.
    2. Tres días después de la presentación del informe, durante la inauguración de un parque industrial en Lagos de Moreno, Jalisco, EPN pidió aplicar la ley a quienes acusan al gobierno “falsamente” de espionaje. A su vez dijo que él mismo ha recibido mensajes “de una fuente u origen desconocido” pero que procura ser cuidadoso en lo que habla telefónicamente.
    3. El Fiscal Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, Ricardo Sánchez dijo haber solicitado ayuda de expertos internacionales para aclarar el caso de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos. Entre las instituciones se encontrarían el FBI; la Unión Internacional de Telecomunicaciones, agencia de la ONU sobre telecomunicaciones; la Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA), con sede en Londres;  la Escuela Superior de Ingeniería del IPN, y Héctor Osuna, extitular del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). A su vez solicitó a los afectados aportar su teléfono móvil para realizar un análisis forense, tener fotografías de los mensajes recibidos e identificar el virus que los afectó.
    4. Ante las declaraciones de Sánchez, las organizaciones involucradas respondieron con varias preocupaciones. Entre ellas que la FEADLE no aclaró el tipo de asistencia técnica que pretende solicitar y la razón por la cual las instituciones y personas nombradas como parte del supuesto “grupo de apoyo técnico” poseen el conocimiento técnico y la independencia requerida para aportar elementos relevantes a la investigación. A su vez acusaron que la institución no ha entregado información sobre los procesos de contratación ni sobre el uso del software Pegasus u otros de similar naturaleza. Sin embargo reiteraron su disposición  cooperar en la indagatoria.
    5. El laboratorio Citizen Lab confirmó que tanto Ricardo Anaya, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), como el senador Roberto Gil y el vocero Fernando Rodríguez, también fueron blanco de espionaje por medio del envío a sus teléfonos celulares del software Pegasus. Los tres panistas recibieron entre junio y julio de 2016, mensajes de texto con una liga para descargar el spyware. Ello tuvo lugar en momentos en que se discutía en el Congreso la legislación anticorrupción.
    6. De acuerdo con un reportaje de Proceso y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, una de las empresas (Balam Seguridad Privada) involucradas en la venta del software Pegasus al gobierno mexicano, está ligada a la élite política del Partido Revolucionario Institucional. Balam Seguridad Privada, es propiedad de los empresarios Asaf Zanzuri, israelí, y el mexicano Rodrigo Ruiz Treviño, de 35 años de edad, sobrino del político priista Guillermo Ruiz de Teresa. Ruiz de Teresa es el actual coordinador de Puertos y Marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ha estado involucrado en el caso Pemexgate junto con el senador, y su amigo, Emilio Gamboa Patrón. Mismo con quien se le vio descendiendo de un helicóptero en el área natural protegida Arrecife Alacranes, en octubre de 2016.
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