La postura de PODEMOS sobre la violencia contra la prensa en México

Compartimos la postura de PODEMOS sobre la violencia contra periodistas en México.


PODEMOS EXIGE EL FIN DE LA IMPUNIDAD EN LA VIOLENCIA CONTRA DEFENSORAS Y PERIODISTAS EN MÉXICO

El pasado 15 de mayo murió asesinado en Culiacán el periodista Juan Valdez Cárdenas. Unas horas después, era asesinado en Jalisco el hijo de la periodista Sonia Córdova, subdirectora del diario El Costeño de Atlán, en un ataque contra su madre. En lo que va de año, 7 personas han sido asesinadas en México por ejercer la profesión periodística. La noticia ha conmocionado a la sociedad mexicana y a la comunidad periodística latinoamericana y ha provocado la condena unánime de las instituciones de aquel país, generando reacciones de hartazgo por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación.

Además, durante 2017, han sido asesinados más de una decena de defensoras y defensores de los derechos humanos. La última de ellas fue Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, asesinada el 10 de mayo en el Estado de Tamaulipas. Su caso reviste una especial gravedad ya que, tras encontrar y acusar a los autores del asesinato de su hija, desaparecida en 2012, había impulsado la creación de la organización Comunidad en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas (CBDT) para hacer frente a las más de 5.000 personas desaparecidas en el Estado de México que más sufre la violencia organizada. El CBDT había pedido auxilio a la ONU y al Comité Interamericano de Derechos Humanos ante “la incapacidad del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca”, según destaca la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó enérgicamente su asesinato.

Según Reporteros sin Fronteras, México es, después de Siria y Afganistán el país más peligroso para ejercer la profesión periodística debido a los asesinatos, encarcelamientos e intimidaciones, con 102 muertos desde el año 2000. Lamentablemente, el caso de Javier Valdez y Sonia Córdova son sólo un ejemplo más de la impunidad que reina en México en este tipo de hechos. En el Estado de Sinaloa, 9 de cada diez casos quedan sin resolverse judicialmente.

Y son también una prueba más de la incapacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto para asegurar las condiciones básicas para el ejercicio de los derechos básicos en aquel país. Tras casi cinco años de gobierno los indicadores de violencia y delincuencia no han parado de aumentar en el país y la violencia dirigida a defensores y defensoras de los derechos humanos y a periodistas tampoco. Urge un cambio radical de políticas que pueda revertir una situación como esta. Atentados a los derechos humanos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o la represión contra la comunidad docente en Nochixtlán quedan en la larga lista de crímenes sin resolver por el ejecutivo de Peña Nieto.

Desde Podemos mostramos nuestra preocupación por la pasividad del Gobierno de Peña Nieto ante unos crímenes que deben ser investigados y llevados ante la justicia. El pasado mes de abril, Estefanía Torres, eurodiputada de Podemos y miembro de la Comisión UE-México ya advertía a Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de la irresponsabilidad que suponía acelerar el Acuerdo Global México-UE ante la alarmante situación de persecución a periodistas y defensoras de los DD.HH en México. Esta semana pedíamos también desde Bruselas, en una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto,  la liberación de tres defensores de derechos humanos que permanecen detenidos en prisión y que otros dos reciban una adecuada reparación. Exigimos el fin de la impunidad de los asesinatos, investigaciones y llevar a los culpables ante la justicia, además de medidas de memoria, justicia y reparación para las víctimas.

Seguiremos denunciando los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas en México y en cualquier lugar del mundo. Según la ONG Front Line Defenders, en 2016, 281 personas perdieron la vida en todo el mundo por su defensa de los derechos humanos, cifra que casi duplica las 156 que murieron en 2015. Por desgracia, destaca el incremento de asesinatos de activistas medioambientales y ecologistas, especialmente de Latinoamérica. La defensa de estas personas es clave para la democracia y la construcción de un mundo con justicia. En este sentido, apoyamos la última de las movilizaciones convocada para esta tarde en Madrid, a las 19:00 en frente de la Embajada mexicana, en la Carrera de San Jerónimo, número 46, por el caso de Javier Valdez.

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