Sobre el pasado y futuro de la centenaria Constitución

Por Fernando Joaquín Monroy Cárdenas

Ante 151 diputados constituyentes, el 1 de diciembre de 1916, se inauguró el periodo de sesiones para reformar la Constitución de 1857, a la cual, Venustiano Carranza, en su calidad de “encargado del Poder ejecutivo”, dedicó estas palabras: “Los legisladores de 1857 se conformaron con la proclamación de principios generales que no procuraron llevar a la práctica”. Había una especie de responsabilidad en la Constitución de haber permitido la dictadura del poder ejecutivo. Ha sido Emilio Rabasa quien lo explicó de la mejor en La constitución y la dictadura (1912). Fue él quien pudo observar la relación que existía en la fortaleza jurídica del Congreso incompatible con el liderazgo del ejecutivo, entre otros factores provocaron que en 25 años, desde 1822, hubiera siete procesos constituyentes. Rabasa explica que la propia Constitución de 1857 “hacía imposible el gobierno”, por paradójico que fuera, y los mecanismos jurídicos para evitar la dictadura eran los responsables.

Para Rabasa era clara la ausencia del contrapeso que debía representar el poder judicial, en una suerte de tribunal constitucional, que para aquellos momentos existió como el Supremo Poder Conservador. En 1803, sucedió un episodio en la joven nación norteamericana que marcó el papel fundamental de la Corte Suprema con el caso Marbury contra Madison, que resolvió el juez  Marshall, cuyo fallo declaró la incompetencia de la Corte para dirimir la controversia generada entre el Juez Marbury y el Secretario de Estado, Madison. Sin embargo, esto permitió reafirmar la supremacía constitucional y hacer valer el judicial review, factores que para Rabasa eran inexistentes.

Volviendo a nuestros días, nuestra centenaria constitución ha tenido innumerables reformas, las más profundas a partir de Miguel de la Madrid. Esta modernización de la Constitución parece no tener efectos. Durante lo que va el mandando de Peña Nieto, las reformas constitucionales han tocado 144 artículos, Calderón reformó 110, Zedillo 77 y De la Madrid 66 artículos, sólo de aquellos que más la han reformado. En cambio, la impunidad sigue trasgrediendo la legitimidad de las autoridades: la no aplicación del régimen jurídico sigue permitiendo fenómenos como los exgobernadores Javier Duarte, Guillermo Padrés, Roberto Borge o César Duarte, coludidos entre la corrupción y la participación con el crimen organizado.

En este contexto ¿tiene futuro la Constitución? Mientras el poder judicial tenga como puente maltrecho el ministerio público, todavía en manos de los políticos, será ajeno a los ciudadanos, con todo y a pesar de la reforma al sistema penal acusatorio, la impunidad sigue privando. Una constante que priva en nuestra clase política es mantenerse en el cargo a cualquier costo, costo trasferido a los ciudadanos, así lo explicó Aristóteles en La política, los gobernantes que sólo miran el interés particular son desviaciones en el gobierno que llevan al despotismo.

La clase política halló la forma de mantenerse en el cargo, hasta no ser descubierto en un escándalo, otra forma de dictadura menos personalista que las sucedidas en el siglo XIX en México. Los medios, concretamente el periodismo, también ha protagonizado y presionado por la transición del régimen a uno con mayor apertura. Esto es lo que importa, mientras las llamadas transiciones a la democracia vieron con interés los mecanismos de acceso al poder, dejaron de lado la importancia del ejercicio del poder. Ahora bien, las tecnologías de la información ha incrementado el interés en la política y la mirada permanente sobre los políticos, en una forma sui generis de hipervigilancia, que no siempre puede resultar sana, pues también implica la hipervigilancia de casi cualquier persona.

Estos son los nuevos retos, no de la Constitución, sino del constitucionalismo mexicano, de esta forma de concebir nuestro régimen jurídico que provea la garantía de los derechos humanos a la vez que incentive la legalidad de la autoridad. El panorama no es tan alentador, desde el plano internacional con el ascenso de Trump, el futuro de la Constitución se ve condicionado por su capacidad de domar los poderes salvajes, como los ha llamó Ferrajoli.


Fernando Joaquín Monroy Cárdenas (1984) es politólogo egresado de la Universidad de Guadalajara. Miembro Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno de Jalisco A. C.  y de Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes. Se especializa en temas de transparencia, elecciones, seguridad nacional y estadística.

 

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