Ante chantajes del Ejército y el Estado de excepción, PRI y PAN le entregan el país a la milicia

Según un reportaje publicado por Tercera Vía sobre la USB que recibió Alejandro Madrazo, académico del CIDE, que le permitió sistematizar los asesinatos del narcotráfico, la estrategia (si se puede llamar estrategia) contra el narcotráfico ha resultado ineficiente, absurda y contradictoria. Algunos de los datos presentados por Tercera Vía establecen:

  • El 31% de homicidios fueron resultado del patrullaje y no por una estrategia o investigación previa.
  • El gobierno federal y el diputado César Camacho conocen esta base de datos y cínicamente afirman que por esa razón es importante una ley de seguridad interior.
  • Es un hecho que donde hay más operativos del ejército hay más asesinatos.

Estas tres afirmaciones hablan del fracaso de la estrategia contra el narcotráfico y de un dato mucho más preocupante: se sabe del error y aun así se quiere continuar sin elaborar ninguna explicación lógica. Al menos no para la ciudadanía.

La iniciativa de ley de seguridad interior de Gil Zuarth en el Senado y de César Camacho en la Cámara de Diputados tiene el objetivo final de entregarle el país al ejército. Entre las modificaciones que se plantean son:

  • Modificar el artículo 129 que prohíbe al ejército actuar en tiempos de paz
  • Otorgar atribuciones policiacas y civiles al ejército
  • Legalizar y legitimar la presencia del Ejército en las calles bajo el argumento de que la policía ha sido rebasada
  • La milicia puede actuar a discreción cuando se trate de “Asuntos de Seguridad Interior”
  • Suprimir manifestaciones con armas de fuego, si así lo decidiera por asuntos de seguridad interior

Tanto Zuarth del PAN como Camacho del PRI defienden la ley y argumentan que conocen los datos de incremento de homicidios y violencia y que por eso es necesario esta ley; ahí se justifican. Camacho ha declarado que esta ley es para proteger al Ejército, que en el campo se ven limitados por la legislación. Incluso algunos analistas como Ibarrola aseguran que bajo el contexto de crisis y descontento es cuando el ejército tiene que tener más atribuciones para defender el funcionamiento del Estado. Por su parte, Alejandro Madrazo, en un debate con el senador Zuarth, aseguró que lo que se busca es legitimar las atrocidades del Ejército.

La realidad es que el PRI y el PAN le quieren entregar el poder al Ejército (con todo el recurso económico, humano y armamentista que esto significa), que en ese modelo solo le rendiría cuentas al Ejecutivo Federal. Ahora bien: ¿Para qué PRI y PAN le dan poder al Ejército? ¿Para qué quieren consolidar el Estado de Excepción en México? Esa es la hipótesis que intentaré resolver.

Estado de excepción

En 2011 entró en vigencia en México la Ley de Seguridad Nacional, la cual establece que:

“Para preservar la tranquilidad nacional, y en la colaboración que ejercen en tareas de seguridad pública, el Ejército y la Armada pueden intervenir sin que sea necesaria la declaratoria de estado de excepción establecida en el artículo 29 de la Constitución”.

Vemos que lo anterior es un claro preámbulo a la Ley de Seguridad Interior. El peligro que  es que el ejército sea la autoridad principal en México sobre la vida política, económica y social del país.

Carlos Fazio, un conocido académico y periodista uruguayo avencidado en México, afirma que “vivimos un Estado de Excepción no declarado, donde es posible rastrear la historia de una auténtica política oficial de exterminio”. Los datos de Alejandro Madrazo y el CIDE le dan la razón: México vive un estado de excepción, legitimado por el gobierno de Calderón, de Peña Nieto y por los legisladores que proponen la Ley de Seguridad Interior.

Podría la milicia sofocar manifestaciones para “proteger al Estado mexicano”

Giorgo Agamben define estado de excepción como el vacío de derecho. Schimth pensaba que podía ser el medio más eficaz para salvaguardar la constitución del Estado aunque ello implicara ignorar ciertas prescripciones formales o legales del rango constitucional. Y eso pasa y pasará con mayor fuerza en México si se aprueba la ley de seguridad interior.

El Ejército podría decidir que una elección no se realice, que se violente un derecho humano, que no se publique cierta información
En México estamos frente a un Estado de excepción, donde las fuerzas armadas actúan sin estrategia, sin diseño y planificación, respaldado por una política pública eficaz para combatir el narcotráfico y sin rendir cuentas. La ley de seguridad interior legitimaría al Ejército para consolidar ese estado de excepción: podría la milicia sofocar manifestaciones para “proteger al Estado mexicano”, disparar en contra de un camión con estudiantes “sospechosos”, un automóvil “a alta velocidad” con civiles inocentes, o provocar víctimas por fuego cruzado. El Ejército podría decidir que una elección no se realice, que se violente un derecho humano, que no se publique cierta información, que no se regule sobre la marihuana, que no se comercie con cierto país, que no se defienda a los migrantes centroamericanos o que se expulsen a extranjeros de México con el simple argumento de proteger la constitución del Estado.

En México, casos como Tlatlaya y Ayotzinapa lo confirman: vivimos en un estado de Excepción con riesgo de que se legalice, se legitime y se fortalezca.  

Fracasó la estrategia contra el narcotráfico

En un artículo para la revista Nexos, José Merino y Carolina Torreblanca comprobaron que los 10 mil millones de pesos del Programa Nacional de Prevención del Delito, gastados durante 4 años no sirvieron de nada, pues no se redujeron los delitos ni las muertes, cuando este programa tenía el objetivo de alejar a la juventud del narcotráfico. Así lo afirman:

“Los municipios con apoyo fiscal bajo este rubro no mostraron trayectorias de delitos o violencia distintos a aquellos fuera del programa.”

 

Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República confirmó esta hipótesis sobre el fracaso de la estrategia contra el narcotráfico:

  • “No redujo la violencia existente en el país”
  • “Esta estrategia detonó una posterior ola de violencia”

Según ese mismo estudio, en los lugares donde se iniciaron “Operativos Conjuntos” las tasas de homicidio incrementaron de una manera dramática:

Con estas evidencias tan contundentes se puede concluir que no hay argumentos para mantener el Ejército en las calles ni regular o permitir su actividad como policía civil. Entonces, ¿Por qué seguir insistiendo en una Ley de Seguridad Interior?

 

El chantaje del ejército

Es posible identificar distintos momentos, acciones y discursos que dan luz sobre la postura del Ejecutivo federal y el Ejército. En 2015 el presidente Enrique Peña Nieto anunció el programa “Súmate en Fa” para que las fuerzas armadas formen un ejército de prevención de adicciones, función que está completamente fuera de las atribuciones de las fuerzas armadas y la Marina. Héctor Aguilar Camín afirmó en ese tono que en México no hay una epidemia de adicciones, por lo que la medida resulta innecesaria:

“Salvo que en los últimos cuatro años haya habido una eclosión del consumo de drogas en México, nuestro país padece cualquier cosa, menos una epidemia de adicciones”

 

Pareciera que esa es una de las vías para justificar al Ejército en las calles, con atribuciones como formar un “ejército contra adicciones”, cuando esas son funciones de instituciones con fines sociales como el DIF.

Desde 2013, Salvador Cienfuegos habría solicitado facultades de investigación para las fuerzas armadas:

“Hemos pedido una legislación para poder trabajar y seguir combatiendo al crimen organizado, de acuerdo con la ley; ahorita lo hacemos única y exclusivamente en apoyo de las autoridades civiles, no tenemos ningún otro apoyo jurídico para participar.”

 

Aunque Mondragón Kalb, ex comisionado de seguridad, afirmó en diciembre de 2016 que “no se vale que le hayan dejado la responsabilidad de las drogas al ejército”, este último habría solicitado se le otorgaran facultades exclusivas de la policía civil, según información de Milenio y La Jornada, tal como lo plasmó Aranda:

“El general Cienfuegos levantó la voz para demandar a su comandante en jefe y al Congreso de la Unión que dotaran a las fuerzas armadas de facultades de investigación para actuar de una manera más efectiva en el combate al narcotráfico y crimen organizado.” 

El 7 de diciembre de 2016, Salvador Cienfuegos declaró sobre las funciones del Ejército en las calles e inició el chantaje:

“Nosotros no pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”

Esta declaración podría considerarse chantajista, reconociendo las deficiencias de la policía civil, claramente evidenciadas por hechos, estudios y periodistas. El Ejército realizó solicitudes previas para tener más atribuciones, pero al no obtener respuesta, amenazó con abandonar esa lucha, lo que provocó una reacción casi inmediata: las dos iniciativas sobre seguridad interior, que responden a las peticiones de 2013 para dar más atribuciones al Ejército.

Se entregaron los puertos

El primer paso para entregar el país al Ejército se dio al delegar las capitanías de puertos fundamentales para el desarrollo económico del país: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Altamira son controlados por las fuerzas armadas y no por personal de la Secretaría de Comunicaciones o policía civil, como ha sido siempre.

En una entrevista replicada por SIPSE y Milenio se puede percibir el discurso chantajista y soberbio de las fuerzas armadas, cuando se le cuestiona al Vicealmirante José Luis Arellano sobre la medida de tomar las capitanías de los puertos en México y sobre su postura sobre si el descontrol es culpa de los civiles por ser más sensibles a la corrupción responde:

“No quisiera ser tan enfático en un tema de corrupción: simplemente diría que la administración y resultados están ahí…vamos a tomar los cuatro principales puertos del país, donde se mueve el 80% de la carga. Creo que mientras mayor volumen hay, la incidencia de ilícito puede ser mayor y también la probabilidad de detención crece”

Esta entrevista se opone al discurso chantajista de diciembre de Cienfuegos: no les molesta tomar el control y sustituir a policías civiles con sus atribuciones, reconocen deficiencias de la policía civil y se reconocen capaces y superiores para resolver el problema del narcotráfico.

Para confirmar el chantaje, Alejandro Madrazo del CIDE, declaró para Tercera Vía:

“Estoy aterrado de lo amenazantes que son los discursos de general (Cienfuegos) con el gobierno civil, en su famoso discurso de diciembre yo leí los chantajes y amenazas y no puede ser que la cabeza del órgano al que los mexicanos financiamos, equipamos y entrenamos para defendernos esté amenazando al gobierno que nos representa , es muy grave y nos habla de un rompimiento de lo que debe ser la relación constitucional entre gobierno civil y los cuerpos castrenses, estamos en un momento muy delicado, la debilidad con la que el gobierno ha respondido a esos chantajes y amenazas deben preocuparnos a todos mucho.”

El gobierno ha sido débil.

El ejército en elecciones

 

Una de las acciones fundamentales de los últimos meses del Ejército y uno de los argumentos para confirmar su control de las instituciones en el país ha sido su papel para garantizar elecciones en estados como Oaxaca y Guerrero.

En el proceso electoral de 2015 el Ejército desalojó a manifestantes que bloqueaban instalaciones del INE, respecto a lo cual Lorenzo Córdova afirmó en ese entonces que fue un desalojo preventivo para evitar conflictos:

“En los distritos en los que el Ejército salió para evitar una provocación frente a los grupos violentos que han bloqueado nuestras instalaciones ha sido de manera preventiva pero en donde no hay ya material electoral que resguardar.”

El mismo Córdova reconoció que los conflictos que enfrentó el INE para llevar a cabo elecciones en Oaxaca y Guerrero fueron gracias al operativo desplegado por las instituciones del Estado Mexicano, en clara referencia a las fuerzas armadas.

 

Otra institución que podría depender de Ejército: la electoral.

Hipótesis

La respuesta a la pregunta ¿Por qué entregarle el país al ejército? puede construirse a partir de las siguientes hipótesis:

  • Pacto entre poder Ejecutivo, Legislativo y el Ejército para empoderar a las fuerzas armadas con fines políticos y sociales.
  • Que el Ejército tenga atribuciones para controlar elecciones.
  • Más protagonismo al Ejército.
  • El Ejército quiere atribuciones para investigar, combatir adicciones y hacer las facultades de la policía civil.

Y bajo esos argumentos uno de los objetivos principales sería detener las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador: imaginemos al ejército declarando que “no hay condiciones para llevar a cabo elecciones en municipios del sur del país (Oaxaca, Guerrero, Michoacán), donde AMLO tiene su bastión electoral”.

¿Por qué entregarle el país al ejército?
Otro de los objetivos principales sería inmovilizar manifestaciones en contra del Presidente, un contexto nacional de indignación que podría beneficiar a un candidato en específico que pueda retomar ese discurso. Así el ejército será un actor político con capacidad de influir en temas políticos y sociales.

Por último, y más grave, la legitimación y legalidad de una estrategia que no ha reducido el narcotráfico, que da permiso a los soldados de disparar las armas y que pone en plena indefensión el federalismo, a los estados y a los municipios ante una institución tan poderosa como las fuerzas armadas.

A ese nivel, la gravedad de discutir o simplemente considerar la posibilidad de que la ley de seguridad interior sea aprobada y se consolide el Estado de excepción.

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