El proyecto de ley “contra la plusvalía” que está enfureciendo a propietarios de la CDMX

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se encuentra trabajando en lo que será la próxima Constitución de esta ciudad y hay un grupo de personas que ya se oponen efusivamente a la Fracción 7 del Inciso C del Artículo 21 y si no tienes idea de lo que estamos hablando, espera un poco que lo vamos a explicar.

A través de una petición de Change.org, más de 38mil personas se han opuesto al enunciado del artículo que dice que:

“Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la ciudad.”

Según  los detractores, con este apartado se busca que “la plusvalía de los inmuebles pase a ser parte de la riqueza pública del Gobierno de la Ciudad de México” por lo que temen que en colonias como La Condesa, La Escandon, La del Vale, La Juárez y muchas otras sean sujeto de retención de plusvalía por el proceso de urbanización en sus colonias.

Esto podría entenderse con un ejemplo: Si el Gobierno de la ciudad invirtiera en obras públicas que aumentaran el valor de tu vivienda, por ejemplo, una estación de metro, ese incremento pasaría a ser parte de un fondo de inversión de mejoramiento para otras partes de la ciudad.

Según la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, quienes promueven la petición de Change.org están mal interpretando la propuesta de la Asamblea cuando dicen que en la nueva constitución se quiere “acabar con la propiedad privada”. Argumentan que el apartado contiene instrumentos, autorizados por la Constitución federal en su artículo 122 y por la nueva Ley General de Asentamientos Humanos para que sea posible recuperar la inversión pública, distinta de la del propietario, que valoriza el suelo, así como utilizar esos ingresos en beneficio de la ciudad.

A su vez, el consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Manuel Granados, ha dicho que  “el esquema que se propuso es para dar congruencia a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que establece que las legislaciones locales tienen que ser modificadas para contribuir al financiamiento e instrumentación del ordenamiento territorial, en el esquema de recuperar las inversiones públicas” y ha asegurado que el “desaparecer la plusvalía”, representaría un acto inconstitucional. Esto lo explicó en una entrevista en Radio Fórmula.

¿Detendrá este apartado de la Constitución la gentrificación en la CDMX?, ¿habría transparencia en los fondos retenidos de los inmuebles para la inversión en otras colonias?, ¿podrán detener la inclusión de esta redacción los detractores?, ¿o pasará y se aprobará en el pleno?. De ser así, ¿los amparos contra la ley evitarían su implementación?. Quédese en esta revista para averiguar el desenlace.

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