Sobre los desaparecidos en Veracruz

No sabemos hace cuánto se comenzó a desaparecer a las personas, pero tenemos claro el momento en que comenzó a realizarse de manera sistemática en México: durante los años setentas. En la llamada “guerra sucia”, el gobierno mexicano apoyado en las fuerzas armadas secuestró a cientos de civiles, los asesinó y desapareció sus restos mortales; algunos de ellos eran simpatizantes de la izquierda, líderes sociales o guerrilleros, pero muchos otros eran personas del común dedicadas únicamente a estudiar o trabajar. El motivo para desaparecer los cuerpos es fácil de entender, al no existir los cuerpos no podía configurarse el delito de homicidio, mientras que la mayoría de la prensa estaba bajo el control del gobierno y al no existir el internet no se difundían las acusaciones de los familiares de las víctimas, de tal forma que ante la ley y la opinión pública no existía agravio alguno.

Gracias a la perseverancia de las familias de las víctimas, a los activistas y organizaciones de Derechos Humanos, así como a la existencia de una mayor cantidad de medios que permiten una amplia y más variada difusión de los hechos, la existencia de la desaparición forzada en México se reconoce por sociedad y gobierno. Un parte aguas de esto es el caso Rosendo Radilla; Rosendo fue un campesino guerrerense políticamente activo, fue levantado en 1974 por el ejército y la última vez que fue visto estaba detenido en un cuartel militar, después de esto nunca se le volvió a ver. Sus familiares buscaron justicia en distintos niveles de gobierno, hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual en el 2009 sentenció contra el Estado mexicano, siendo una de las partes más simbólicas de la sentencia ordenar la realización de “un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco”.

Desde 2011,@FGE_Veracruz no ha resuelto casos de desaparecidos en #Xalapa:Colectivo x la Paz https://t.co/lx6moI3bOz pic.twitter.com/qAbu4KKZx1

— Marcha Noticias (@Marcha_Noticias) August 30, 2016

Si bien el periodo de inicio de las desapariciones realizadas de manera sistemática fue en los setentas con la “guerra sucia”, las fuerzas armadas y en general los gobiernos han seguido realizándolas; en los últimos diez años con el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón se acrecentaron enormemente. Hasta noviembre de 2012, la Secretaría de Gobernación reconocía que había más de 27,000 desaparecidos en México. No tenemos clara la cifra de cuantos son víctimas de desaparición forzada (con participación o aquiescencia del Estado) y cuantas han sido desaparecidas por la delincuencia organizada, la delincuencia común o cualquier otro ente, aunque aún en los últimos casos es notoria la incapacidad u omisión del Estado para hacerle frente al crimen y/o localizar a las personas o sus restos mortales.

Es notoria la incapacidad u omisión del Estado para hacerle frente al crimen y/o localizar a las personas o sus restos mortales

Al día de hoy no han sido actualizadas las cifras de la Secretaría de Gobernación, pero el conflicto que vivimos de continuidad en la “guerra contra el narcotráfico” más el recrudecimiento de los asesinatos y desapariciones de civiles por los cuerpos armados gubernamentales (Tanhuato, Tierra Blanca, Iguala, Tlatlaya…) nos hacen concluir que el número de personas en situación de desaparición ha aumentado enormemente. Y si bien las cifras siempre son lejanas a la realidad, por la cantidad de personas que no denuncian por temor al crimen incrustado en los aparatos gubernamentales o por el rechazo de los ministerios públicos y fiscalías a recibir las denuncias, nos sirven para tener idea de los lugares donde la desaparición tiene más víctimas y por lo tanto se ha convertido en un problema más grave. Un ejemplo claro de esto es Veracruz.

En Veracruz todos los índices de corrupción, desvío de recursos, robo, secuestro, extorsión y asesinato han aumentado significativamente en los últimos diez años, también los que tienen que ver con la desaparición. La Fiscalía General del Estado admite la desaparición de 950 personas en Veracruz, mientras que la PGR inició 189 averiguaciones previas por desaparición forzada en todo el país entre el 2010 y el 2014, de ellas más de la cuarta parte, 51, son de Veracruz y cada una corresponde a una o más víctimas. Existe una cifra aún más desalentadora y que se han ocupado de dar a conocer medios como Proceso pues las autoridades no hablan al respecto: durante el sexenio de Javier Duarte se han encontrado 17 fosas clandestinas con más de 200 cuerpos, sin contar los que el colectivo solecito y la policía científica hallaron días atrás cerca del recinto portuario. De los restos encontrados hay cuerpos enteros, huesos, trozos de huesos… muy pocos han sido reconocidos y entregados a sus familiares, pero lo peor es que no se cuenta con un registro público claro de las condiciones en que se encontraron, si entre los restos había identificaciones oficiales o signos que permitan reconocer a quien corresponden, mucho menos exámenes de ADN que permitan cotejar con el perfil de las personas desaparecidas.

Si bien el panorama es aterrador, quienes hemos seguido de cerca o participado de organizaciones de Derechos Humanos, creemos que tenemos esperanza en la primera declaración de Miguel Ángel Yunes como gobernador electo de Veracruz, quien se comprometió a crear una comisión de la verdad. Esta es una propuesta retomada de pláticas que mantuvimos con él los jóvenes y de reuniones que sostuvo con familiares de desaparecidos en Veracruz. Es necesario que la Comisión de la Verdad entre en funciones inmediatamente tome posesión el nuevo gobierno y que de ella formen parte representantes de las víctimas, personas reconocidas por su integridad, académicos y especialistas en desapariciones forzadas. Así también, la comisión debe tener clara la tarea de crear una base de datos sobre todas las personas desaparecidas, especialmente datos que permitan dar con su paradero y determinar responsabilidades.

Además de dar tranquilidad a los familiares de las víctimas, acceder a la justicia permitirá que desciendan los índices de impunidad y mandar un mensaje claro a todos quienes desde el Estado o fuera de él delinquen: que como gobiernos y sociedad no estamos dispuestos a permitir una sola desaparición más.

*Coordinador Estatal de las Juventudes de Izquierda

luisdaniel_lagunes@hotmail.com

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Foto: https://www.flickr.com/photos/esparta/1220700844/ (CC)