La Rendición de cuentas en la función legislativa

En materia de rendición de cuentas existen múltiples definiciones, se trata en esencia de que los gobernantes informen de lo que han hecho en el encargo recibido, por ejemplo la Oficina del Auditor General de Canadá en 1975 indicó que es la obligación de responder ante la responsabilidad que ha sido conferida, supone por lo tanto la existencia de al menos dos partes: una que confiere la responsabilidad y otra que acepta esa responsabilidad. En términos más recientes Scout Mainwaring en Democratic Accountability in Latin America, 2003,  explica que la rendición de cuentas refiere a la obligación de responder y a la responsabilidad de los funcionarios públicos, es por ello una relación formalizada de supervisión o sanción de los funcionarios públicos por parte de otros actores.  En suma, puede concluirse que la rendición de cuentas es una obligación por parte de personas y organizaciones de dar cuenta sobre el encargo o puesto en que se desempeñó una función e  implica dos actores primordiales: 1) el actor o persona que asigna la responsabilidad y 2) la persona que acepta la responsabilidad.

En realidad, la rendición de cuentas es un eje de la formación del Estado moderno.

Desde las revoluciones parlamentarias de Inglaterra y Francia un tema central sobre el poder de los gobernantes radica en la obligación por ley que tienen de informar sobre lo que hacen y por qué lo hacen. En evidencia el Gobierno se constituye por los tres poderes, de modo que cada uno tiene la obligación de informar sobre sus actos. La cuestión en México en esta materia es compleja, pues el poder Ejecutivo debido a las más diversas razones ha estado en el centro del debate sobre la rendición de cuentas lo cual no ha significado necesariamente los mejores resultados, sin embargo también ocurre que los otros dos poderes informan sin tener en realidad una contraparte que supervise, avale y sancione sus actos de forma sistemática, ese contraparte carece a la fecha de algún poder mayor sobre lo que hacen o dejan de hacer, lo más interesante en todo caso, es que no se dispone a la fecha de una metodología común que mida el desempeño de los poderes públicos de forma estandarizada en lo federal y en la 32 entidades del país.  

El Congreso de la Unión tiene su informe semestral de Labores,  y las diputadas y diputados suelen realizar un informe de labores sobre sus tareas, los cuales incluyen desde las asistencias a las sesiones hasta tareas partidistas, pasando por los trabajos que realizan a favor de sus entidades federativas, un listado de actividades relevantes en sus funciones como integrantes de diferentes comisiones, y en ocasiones hasta un recuento de las participaciones en tribuna.  Así las cosas, y dada la autonomía de los poderes ocurre que los informes de labores, de trabajo o de gestión quedan en la lógica del ejercicio de los recursos, sin que a la fecha se tengan parámetros estandarizados sobre lo que es deseable que realicen los poderes Legislativo y Judicial en la federación así como en las 32 entidades del país.  

De entrada se asume la necesidad de lograr una estandarización de las funciones legislativas que pueda incluir indicadores de productividad, calidad y desarrollo de la gestión pública y con ello tener parámetros que permitan generar un lugar desde el cual evaluar las funciones o desempeño de las Cámaras y de quienes las integran; desde este razonamiento presenté un breve resumen del trabajo concreto que desarrollé como legislador federal del estado de Nuevo León durante el ejercicio 2016.

Algunas acciones fueron la firma del Convenio de Transparencia, Eficiencia y Ética en la Administración de los Recursos del Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura Estatal y Municipal del Presupuesto de Egresos 2016 junto con los alcaldes del PRD de los municipios de Ciénaga de Flores, Salinas Victoria y Villaldama. En este convenio los ediles de los municipios se comprometieron a gastar de manera transparente y responsable los 20 millones de pesos que se les asignaron en conjunto; además se pudo gestionar ante la SCHP más de 111 millones de pesos para proyectos específicos del estado. De ellos los que ya se firmaron o están por firmarse los convenios correspondientes para hacer usos de los recursos son los siguientes:  a) 2.4 millones de pesos a la creación de una escuela de música; b) 11 millones para la expansión artística que promueve la cultura y el arte; c) 10 millones de pesos para la construcción de centros de desarrollo deportivo en las colonias Infonativ La Huasteca y Eugenio Canavati en Santa Catarina Nuevo León; e) Más de 12 millones de pesos del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad otorgados a los municipios de Salinas Victoria, Vallecillo y Villaldama.

Estos proyectos son de dinero que se ha ejercido o que están próximo a firmarse los convenios para tal efecto, sin embargo existen otros que están en espera del convenio correspondiente y son: a) 30 millones de pesos para construir el centro de rehabilitación de problemas neurofuncionales en el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” de la UANL; b) 10 millones de pesos para construir drenaje pluvial en la colonia Paseo del Nogal en García Nuevo León; c) 7.5 millones de pesos para la construcción de banquetas en la avenida Alfonso Reyes en San  Pedro Garza García; y d) 7 millones 492 mil 500 pesos para rehabilitar andadores en el parque Rufino Tamayo. Estas tareas se inscriben en lo que se conoce como la gestión de recursos, se trata de proyectos específicos que tienen destinatarios concretos, sin embargo, sería deseable una acción legislativa coordinada de todas las fracciones parlamentarias para poder establecer lógicas de responsabilidad y prioridad en las gestiones presupuestales a fin de llevar los recursos a donde más se necesitan, la competencia en materia social no suele tener buen puerto bajo déficit de coordinación.

“Hay una agenda pendiente en materia de rendición de cuentas en los tres poderes de la Unión y la evidencia de las exigencias y demandas de la sociedad civil llevan a la necesidad de plantearnos esa rendición de forma robusta, sistemática y con metodologías claras de trabajo que a todos nos sean útiles. “
Ahora, en lo que se refiere al rubro de iniciativas presentadas, haré referencia a nueve: 1. Ley de Adultos Mayores, para impulsar la creación de residencias de día a fin de que estas personas cuenten con espacios óptimos para su atención integral y que los miembros de la familia puedan reincorporarse al mundo laboral;  2. Lengua de señas mexicana en donde se propone una reforma a la Ley General de Educación para que los profesores, desde su formación, lleven como materia la Lengua de Señas Mexicana y puedan enseñar a los alumnos; 3. Ley para determinar el valor de la UMA en donde a nombre de todos los grupos parlamentarios se presentó un proyecto de decreto que expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización; 4. Ley de Readaptación Social para promover un patronato de asistencia a familiares de internos en cada entidad federativa; 5. Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Ley General de Víctimas.  Para que se impulse a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda y asistencia de las víctimas para que accedan a recursos federales; 6. Ley Migrantes 4×1 se propone que organizaciones de migrantes en el exterior puedan hacer aportaciones para obras de infraestructura en sus lugares de origen;  7.  Ley General de Migración, para dar un trato más humano y solidario a los migrantes, tanto nacionales como centroamericanos; 8. Ley de Medicinas a Granel que se volvió a presentar con el nombre de Ley de Dosis Unitarias y plantea que los medicamentos puedan ser vendidos en dosis individuales; y 9. Ley México, que en lo fundamental propone que la construcción de infraestructura no energética que se realice en el país sea hecha por manos mexicanas, con insumos mexicanos y por empresas mexicanas. Una décima iniciativa sería la Ley de Economía Social, la cual finalmente tuve a bien retirar toda vez que el ejecutivo federal incorporó elementos de esa iniciativa en el proyecto de dicha materia que él envío al Congreso.

En el área de participación en procesos de análisis legislativo se trabajó en las mesas de negociación de: 1) La ley de Disciplina Financiera; 2) Ley de ingresos y miscelánea fiscal; 3) Unidad de medida y actualización; 4) Zonas económicas especiales; 5) Sanciones al robo de hidrocarburos; 6) Sociedad por acciones simplificadas y 6) Miscelánea penal.

Como puede apreciarse, se trata de diversas tareas como Legislador, que por su naturaleza se han agrupado en estos campos, sin embargo sería deseable tener un informe común de los legisladores que respondiera a una metodología de rendición de cuentas, de forma tal que las diputadas y diputados evitásemos la duplicidad de  esfuerzos en gestión de recursos, presentación de iniciativas y participación en mesas de trabajo, del mismo modo se hace necesario que la adscripción de las diferentes comisiones tenga mayores niveles de racionalidad de tiempos y participación.  

Hace unos meses incorporé como un medio primario de transparencia la app Diputado WF, se trata de un dispositivo de seguimiento, en que el ciudadano puede participar en el trabajo que se realiza, y consta de cinco apartados: 1) ¿Dónde está Waldo?; 2) Iniciativas; 3) Propuestas, 4) Reportes y 5) Mensajes. La realidad es que este dispositivo se realizó bajo la consideración asentada de inicio, esto es, que la rendición de cuentas debe ser común a los tres poderes de la Unión con cada vez mayores dosis de participación ciudadana, con metodologías claras sobre qué hacer, qué medir y cómo medirlo,  y en especial, disponer de indicadores que muestren de manera clara y nítida cómo ese conjunto de acciones se traducen en algo positivo para la ciudadanía, esto es, qué valor público aportan al bienestar social.  Hay una agenda pendiente en materia de rendición de cuentas en los tres poderes de la Unión  y la evidencia de las exigencias y demandas de la sociedad civil llevan a la necesidad de plantearnos esa rendición de forma robusta, sistemática y con metodologías claras de trabajo que a todos nos sean útiles.  

Durante este primer año de labores legislativas realicé además el donativo de un mes de mi salario a 6 asociaciones civiles con el objetivo fundamental de apoyar la labor que personas buenas hacen por la comunidad a través de diferentes causas. Dichas asociaciones son las siguientes: Asociación Espina Bífida, Promoción de Paz, Familia Digna, Centro Integral Down, Centro de Integración Ciudadana y Centro Normativo de los Indigentes.

Aunado a ello he llevado a cabo dinámicas en redes sociales y apoyo a eventos culturales y académicos con la intención de generar comunidad y diálogo con la gente, pues estoy convencido que esa es una forma genuina de ganarse la confianza del ciudadano. Confianza y transparencia, dos valores fundamentales para hacer las cosas de forma diferente.

 

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