La responsabilidad alemana en el caso Ayotzinapa

El presidente de México, Enrique Peña Nieto se encuentra en una visita diplomática en Alemania. Durante el encuentro que sostuvo el día de hoy con la canciller Angela Merkel, esta aseguró que el gobierno de su país colabora con el de México en materia forense y de investigación para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El ofrecimiento de Merkel se extendió al combate del crimen organizado y la seguridad en el país, haciendo a la policía más “eficaz”, pero en el marco de los derechos humanos.

Sin embargo hay un preámbulo en lo que exportación de armas –legal e ilegal– se refiere entre México y Alemania. Durante años, organizaciones civiles han denunciado la exportación de armas alemanas de la empresa Heckler & Koch (H&K) a entidades mexicanas donde se violan los derechos humanos. En 2011, las autoridades alemanas habrían suspendido las exportaciones de la empresa a México, y dejaron de tramitar las solicitudes para exportar armas a este país, sin embargo, fusiles de asalto G36 que la empresa alemana  vendió a México entre el año 2006 y 2009, terminaron en manos de la policía de Iguala y fueron utilizados  la noche en la que murieron seis personas y desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Por otro lado, a principios de 2016, Sin Embargo analizó las recomendaciones emitidas por la Comisión Ncional de Derechos humanos, en las que encontró que al menos 89 mexicanos, entre estos 14 niños, murieron arbitrariamente a causa de las balas disparadas por efectivos del Ejército mexicano en comisiones oficiales. El ejercito mexicano ha licenciado a través de H & K,  la fabricación del rifle G-3.  Arma con la cual, soldados mexicanos han cometido 126 violaciones a los derechos humanos.

Un acuerdo de al Union Europea establece que: “se denegarán una licencia de exportación cuando exista un riesgo manifiesto de que la tecnología o el equipo militar que se vaya a exportar puedan utilizarse con fines de represión interna (…) entre otras cosas, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, las ejecuciones sumarias o arbitrarias, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, y toda violación grave de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”. Algunas de las armas han terminado en sitios expresamente restringidos por el gobierno de Alemania: Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Jalisco, considerados como sitios de conflicto y de violación a los derechos humanos. Pero el gobierno alemán no ha aclarado cuál fue el criterio para vedar esos sitios y no otros, como Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa.

Con  información  de Sin Embargo, Proceso y BBC.


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