Más prohibición, más cárceles y más delincuencia.

En 1971 el presidente de Estados  Unidos Richard Nixon(1969-1974), declaró el inicio de la guerra contra las drogas en su país y en el mundo. El alto consumo de cocaína y marihuana en el país del norte durante la década de los sesenta y setenta llevó al gobierno de Nixon a tomar cartas sobre el asunto. La estrategia a llevar a cabo, sin embargo, se enfocaría en la oferta y no en la demanda de las drogas. Es decir, las principales acciones se realizarían en los países productores de marihuana, heroína o cocaína. Desde entonces, Estados Unidos se ha encargado de financiar a gobiernos como los de México en combatir a los carteles de la droga para disminuir el flujo de estas substancias hacia su país.

Junto con este enfoque hacia la oferta de drogas, se encuentra la perspectiva prohibicionista contra el consumo. Esta postura más que afectar a bandas del crimen organizado que buscan producir y traficar grandes cantidades de droga, han dañado a consumidores que cultivan y consumen droga pero para su uso personal. Por lo tanto, las cárceles se han llenado de personas que no tienen ninguna relación o vínculo con bandas criminales pero que son castigados por igual. Esta postura prohibicionista lleva, sin embargo, grandes costos a la sociedad.  El alto costo en el mantenimiento de las prisiones, la sobrepoblación dentro de las cárceles afectando los derechos humanos de los reos así como el incremento de la criminalidad en el país son producto del enfoque prohibicionista de las drogas que el mundo persigue desde la imposición de la guerra contra las drogas por  Richard Nixon en 1971.

Con base en datos del Drug Policy Aliance, El país que inicio la guerra contra las drogas también es el país que más personas en prisión tiene en el mundo con 2, 220,300 presos. De ese total, 40,000 se encuentran dentro de prisión por ofensas por consumo o tráfico de droga, de los cuales el 57% son afroamericanos o latinos. Solamente en 2013, 609,423 personas fueron detenidas y consignadas por ofensas por posesión o consumo de droga.

Esta política prohibicionista además de haber llenado de manera desmedida la población en las prisiones, también tiene altos costos para el Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos se gasta alrededor de 51 mil millones de dólares anuales en el combate a las drogas y 74 mil millones de dólares anualmente en el mantenimiento de presos. Estos recursos son más altos que el presupuesto anual de instancias gubernamentales mexicanas como la Secretaria de Educación Pública o el Instituto Mexicano de Seguridad Social.

Otro de los principales problemas de arrestar a consumidores de drogas como la marihuana es el aumento del crimen. De acuerdo con un estudio realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2014, el 68% de las personas que salen de prisión son arrestadas nuevamente en un lapso menor a tres años. Durante ese tiempo los ex convictos reinciden en actividades delictivas que los llevan nuevamente a prisión. Más interesante, el 77% de las personas que cometieron algún delito relacionado con las drogas y son liberados, son encarcelados nuevamente. Por lo tanto, más que disminuir el crimen en las sociedades, el encarcelamiento de personas que consumen o poseen droga aumenta la delincuencia en una sociedad.

En el caso de México, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, fueron detenidas 453,069 personas por delitos contra la salud entre 2006 y 2014. De ese total, el 73% fueron consignadas por consumo o posesión de droga y no por tráfico o alguna otra actividad relacionada al crimen organizado. De acuerdo con la Primera Encuesta en Centros Penitenciarios Federales, el 58.7% de los reos recibió sentencia por algún delito relacionado con la marihuana. Por lo tanto, más de la mitad de la población carcelaria en el país se encuentra en prisión por alguna actividad como el consumo o posesión de marihuana. Este alto número de personas en prisión representa un alto gasto del Estado mexicano al invertir más de 4.6 millones de pesos diarios en el mantenimiento de los reos, de los cuales la mitad se van en personas encarceladas por asuntos relacionados a la marihuana.

Así como en Estados Unidos, en México también las personas que salen de la cárcel tienden a volver a delinquir. De acuerdo con datos del INEGI, el 18% de la población carcelaria son reincidentes. Aún más, si tomamos en cuenta que dentro de las prisiones se cometen e el 95% de las extorsiones en el país, el incremento de personas en las carceles por consumo o posesión de marihuana aumentan las probabilidades de que se cometan más extorsiones.

La guerra contra las drogas y su enfoque prohibicionista no solo no ha logrado disminuir el consumo y tráfico de drogas sino que ha aumentado la población carcelaria en todo el mundo y paradojicamente también el crimen.  Es necesario que estos datos y temas se discutan esta semana en la Suprema Corte de Justicia en el debate sobre la posible legalización de la marihuana para consumo personal. Es tiempo de dejar una guerra que no nos corresponde luchar.

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