Contra-editorial (03/08/15)

En la presente contra-editorial nos sumamos a indignación de diversos medios impresos y electrónicos por el asesinato del periodista Rubén Espinosa y de cuatro mujeres en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Como lo expresa en su editorial del día de hoy el periódico La Jornada, las autoridades gubernamentales tienen la responsabilidad inmediata de esclarecer lo acontecido y llevar ante la justicia a los responsables.

Sin embargo, la muerte del Rubén y las cuatro mujeres muestran una vez más la descomposición estatal en sus tres niveles de gobierno: Federal, estatal y municipal. Ninguna de las autoridades correspondientes ha logrado parar la ola de violencia en contra de periodistas por el ejercicio de la libertad de expresión. Muchas personas podrán culpar a personajes específicos del gobierno como el gobernador de Veracruz Javier Duarte o al Presidente Enrique Peña Nieto, pero como en cualquier crimen, más de una persona debe estar involucrada ya sea de forma directa o indirecta para llevar a cabo el delito. Si bien el principal responsable de lo ocurrido en contra de Rubén es el gobierno de Veracruz, la omisión del gobierno Federal y del Distrito Federal ante el delito es una muestra de la decadencia institucional en el que se encuentra sumergida el país.

A pesar de los gastos millonarios en modernizar las instituciones del Estado para fortalecer el derecho a la libertad de expresión y a favor de la seguridad de los periodistas en México, la descomposición del Estado mexicano es tan profunda que ningún intento de mejorar la situación ha logrado cambiar el rumbo en el que se encuentra el país. Desafortunadamente, el ambiente de la sociedad mexicana es desolador y de una creciente desilusión colectiva. Después de tantos años de violencia en el país, la población parece no tener ninguna esperanza en poder salir de esta espiral de muerte, corrupción e impunidad.

Ante este escenario, pareciera ser que la única forma de salir de este vacío es a través de una transformación completa del Estado y de la sociedad mexicana. Para lograr esto, sería necesario juntar a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas del país para crear un nuevo pacto social que genere las condiciones en las cuales el Estado y la sociedad deben actuar. Solo con la creación de un nuevo orden institucional México y su sociedad podrán a reconstruir el país en su estado de descomposición.


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